SERÁ EN CALI, EL 6 DE JUNIO
Arranca juicio contra
gestores de paz del Eln
25 May 2017 - 10:00 PM
José
David Escobar Moreno/ @TheBoxToBox/ jescobar@elespectador.com
Los
acusados son los exjefes del Eln “Felipe Torres” y “Francisco Galán”. Los
hombres, señalados como responsables de un secuestro masivo en Cali en el año
2000, aseguran que se les violó el debido proceso y reiteran que cuando se
cometió el crimen ya eran voceros de paz.
Gestores
de paz Carlos Velandia, alias "Felipe Torres" y Gerardo Bermúdez,
alias "Francisco Galán".Gustavo Torrijos y Luis Benavides.
El 20 de
junio de 2016, cuando Carlos Arturo Velandia regresaba de España, fue recibido
por tres agentes de Migración Colombia que le comunicaron que el Juzgado
Segundo Especializado de Cali había ordenado su captura el 16 de abril de ese
año, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo, hurto
calificado y agravado. El exguerrillero del Eln, conocido como Felipe Torres,
es investigado por su presunta participación en el secuestro de 64 personas (de
las cuales murieron tres) en el kilómetro 18 de la vía que conecta a Cali con
Buenaventura, el 17 de septiembre de 2000. Por estos hechos también son
investigados los siete comandantes del Eln que pertenecen al Comando Central
(Coce) de esa guerrilla.
Mientras los medios de comunicación registraban la
detención de Carlos Velandia, Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez –conocido
como Francisco Galán dentro del Eln– se enteró por la
misma vía de que en ese proceso también figuraba su nombre. Aunque en ese
momento se tildó la detención de Velandia como una jugada política porque él
era una pieza clave para destrabar la instalación de la mesa de diálogos de paz
entre el Eln y el Gobierno, ahora la defensa de los exguerrilleros es otra.
Eduardo Matyas, abogado de Francisco Galán, le
contó a El Espectador que la Fiscalía y el juzgado
encargado son los que actúan de manera irregular.
“Ellos
fueron vinculados a la investigación el 14 de octubre de 2015. Velandia y
Bermúdez cada tanto salen a los medios a hablar, hacen eventos en pro de la
paz, pero ninguno jamás fue notificado de la apertura del proceso en su contra
y tampoco para que hicieran descargos. Todo se hizo a escondidas. Las
autoridades están en la obligación de agotar todas las vías para ubicar a las
personas en cuestión. Esto es inconcebible”, aseguró el abogado. En julio
pasado, Velandia y Bermúdez fueron asignados por el Gobierno como gestores de
paz para avanzar en diálogos con esa guerrilla. A su vez, se suspendieron las
órdenes de captura que pesaban en contra de los dos exguerrilleros bajo el
compromiso de que siguieran atendiendo el llamado de las autoridades.
La Fiscalía señaló que, ante la falta de un
domicilio de Velandia en Colombia, quien se exilió en España, fue vinculado al
proceso como persona ausente, al igual que el resto del Comando Central del
Eln. Sin embargo, nunca se refirió al caso de Francisco Galán,
quien desde 2008 en la Casa de Paz en Medellín adelanta mecanismos para la
resolución de conflictos y cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de
Protección. “Velandia y Bermúdez fueron capturados en diciembre de 1992 por
secuestro, terrorismo y rebelión. Ellos cumplieron las tres cuartas partes de
su pena y fueron liberados de manera provisional, pero tenían que ir ante un
juez para reportarse cada tanto. Esto desmonta el argumento de la Fiscalía de
que no pudieron notificarlos”, aseguró Matyas.
Otra
presunta irregularidad tiene que ver con la expedición de la orden de captura
en contra de Velandia. Él mismo le dijo a este diario que si la orden de
captura fue emitida el 16 de abril de 2016, no entiende cómo pudo salir del
país el 3 de junio de ese año. “Esta maniobra se hizo claramente para evitar
que pudiéramos defendernos. Se quiso que se vencieran los tiempos para
solicitar una nulidad del proceso. Esto es una violación al debido proceso”,
señaló Velandia. En su momento, la Fiscalía aseguró que la entidad responsable
de la detención de Velandia era Migración Colombia, que aseguró que cuando el
exguerrillero salió del país, la orden de arresto aún no se hallaba en sus
bases de datos.
Otra situación que Velandia reclama es en qué se basa
la Fiscalía para vincularlos con el secuestro del kilómetro 18. “Para entonces
estábamos presos en la cárcel de Itagüí y a nosotros solos nos permitían
comunicarnos con el Coce para adelantar acciones humanitarias”, señaló
Velandia. Esta versión en su momento fue corroborada por Jaime Bernal Cuéllar,
quien era procurador general en esa época y estuvo al frente de la liberación
de los secuestrados. “Esta persona estaba privada de la libertad y a ellos (los
guerrilleros) les permitían el uso de comunicaciones exclusivamente para
planear liberación de personas. Yo creo que es imposible que desde la cárcel
estuviera planeando ese secuestro”, le dijo Bernal Cuéllar a El Espectador cuando se conoció la captura de
Velandia.
La
Fiscalía indicó que si bien Velandia estaba privado de la libertad desde 1993,
por el contexto no era improbable que aun tras las rejas pudiera ejercer el
mando, tal como ocurrió con varios jefes paramilitares. Velandia asegura que
cuando militó en el Eln él comandaba el frente Compañero Tomás, que operaba en
el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, sitios lejanos al
lugar donde ocurrió el secuestro. Sin embargo, la Fiscalía está convencida de
que, por ser un alto dirigente del Eln, Carlos Velandia debe responder por estos
secuestros masivos, pues las órdenes de ejecutarlos salieron desde la cúpula a
la que Velandia pertenecía como vocero nacional.
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