LAS
FAMILIAS REPRESALIADAS POR SU PARENTEZCO CON INSURGENTES DEBEN SER RECONOCIDAS
COMO VÍCTIMAS Y SUJETOS DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO
REPETICIÓN
Señores:
Foro
Nacional de Víctimas en la ciudad de Cali
Mesa
de Diálogo por la paz en La Habana
Soy Carlos Arturo Velandia
Jagua, exmilitante y exdirigente del Ejército de Liberación Nacional,
organización insurgente a la que pertenecí durante más de treinta años y en la
que porté el nombre de Felipe Torres.
En el año 1994 fui capturado
y sometido a juicio bajo el régimen de la llamada Justicia sin rostro, fui
condenado bajo la jurisdicción penal del Estado colombiano, purgué 10 años de
prisión y 10 años de interdicción de derechos políticos, derechos que hoy,
luego de veinte años no me han sido retornados. Tras haber cumplido con la
totalidad de la pena, en las condiciones que lo determinó la justicia, debí
salir del país al exilio, en el que permanecí durante siete años. Durante el
tiempo de prisión, representé al ELN como vocero político en acercamientos y
diálogos de paz, con los Gobiernos de los Presidentes Ernesto Samper Pizano,
Andrés Pastrana Arango y los dos primeros años del primer gobierno del
Presidente Álvaro Uribe Vélez. Durante el exilio me vinculé a labores
académicas de investigación sobre paz y conflictos en el mundo, en dos
importantes centros de investigación, como son el Instituto de la Paz y los
Conflictos de la Universidad de Granada y en la Escuela de Cultura de Paz de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Con la misma determinación
con la que un día, a comienzos de los años 70´s me levanté en armas, he hecho
dejación individual de armas convencido de la necesidad histórica que tiene el
país de parar la guerra y construir escenarios de diálogo y negociación, en la
búsqueda de la salida política que le permita al país superar el conflicto
armado interno y crear las bases para que la nación construya las reformas y
transformaciones, que remuevan las causas que originaron la guerra hace
cincuenta años, y se construya la justicia social que reclaman todos los
colombianos.
He regresado al país, para
contribuir al desarrollo de esta gran oportunidad de paz, en mi condición de
ciudadano libre, es decir sin deudas con el Estado ni ataduras con la
organización insurgente a la que pertenecí.
Hoy hago presencia en este
Foro de Víctimas, para poner en conocimiento de la existencia, a lo largo del
conflicto armado, de una matriz de persecución y victimización a las familias
de miembros de las organizaciones insurgentes, fenómeno sobre el cual poco o
nada se habla, simplemente porque los dolientes, es decir los insurgentes
fácticamente no reclaman o cuando denuncian, éstas son desoídas por el Estado y
parte de la sociedad, me pregunto, si es porque quizás ¿las encuentran
justificadas?.
Me referiré al hecho puntual
del secuestro y desaparición de mi hermano Jorge Nicolás Velandia Jagua, el
menor de mis 14 hermanos y las amenazas de muerte a mis familiares junto con la
conminación de abandonar el país en un plazo de 48 horas. En actos claros de
represalias contra mí, por haberme alzado en armas, , y estableciendo de facto
el “delito de sangre” como una realidad, que golpea a familias inocentes. Esto
ocurrió en el mes de marzo de 1997, en un contexto de persecución y
victimización de otras familias de líderes insurgentes, como Alfonso Cano,
Simón trinidad, Pablo Catatumbo y Nicolás Rodríguez Bautista mediante amenazas,
atentados, secuestros y asesinatos de miembros de sus familias, las que nada
tenían que ver con la decisión individual mía y de las personas que he
nombrado, en el alzamiento en armas contra el Estado.
La más absoluta impunidad
reina sobre los hechos criminales contra personas inocentes, pese a que los
operadores de justicia del Estado han abierto procesos contra presuntos
victimarios, entre los que se entremezclan paramilitares y militares en
ejercicio. Hoy cuando el país se acerca al final del conflicto armado interno y
la sociedad reclama y reivindica el derecho que asiste a las víctimas, de verdad, justicia, reparación y garantías
de no repetición; y las partes del conflicto reconocen ser generadoras de víctimas
y se avocan a examinar el tema de las víctimas del conflicto, pido en mi nombre
y en mi derecho saber la verdad sobre la desaparición de mi hermano, la
persecución y represalias de que fue objeto mi familia. Por extensión y
solidaridad pido lo mismo para las familias perseguidas, victimizadas y
represaliadas de los miembros de las organizaciones insurgentes que hayan
padecido éste flagelo.
Si de verdad queremos paz,
es imperativo que todos los hechos victimizantes durante el conflicto sean
examinados, que no quede por fuera ninguna tipología de victimización sin
examinar, que no quede una sola víctima sin ser reparada y que ningún generador
de víctimas inocentes se quede sin responder. Esto es fundamental para la
reconciliación y la paz duradera.
Pido en este Foro que las
familias represaliadas por su parentesco con insurgentes sean reconocidas como
víctimas de derecho pleno a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las
garantías de no repetición; pido a la Mesa de La Habana, que entre los grupos
de víctimas que acudirán allí se incluya a familiares de insurgentes
victimizados, en la guerra contrainsurgente.
Cali, 3 de agosto de 2014
Carlos Arturo Velandia Jagua
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